A raíz de los últimos enfrentamientos en el sur del país, el Gobierno decidió invocar La Ley de Seguridad del Estado contra 20 personas involucradas en incidentes en Aysén.
El abogado constitucionalista, Pablo Ruiz-Tagle, explicó que la ley entrega a la autoridad política ciertas facilidades para juzgar, procesar y condenar a ciertas personas que en la legislación normal no son posibles.
Según Ruiz Tagle, la aplicación del término legal se utiliza en casos en que el Gobierno considera que la normativa normal no es suficiente, situación que según el abogado es “lamentable”, enfatizando en que existen precedentes en que se ha recurrido a esta iniciativa sólo con un fin político y mediático.
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