Cerca del 15% de la población del país estaría siendo afectada por el fenómeno.
Según los expertos, contar con estos derechos es clave para el eventual desarrollo del proyecto.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.