Comunidades que dependen de camiones aljibe, cosechas perdidas y escasez hídrica. Crisis que afecta al centronorte del país y que tiene, desde hace años, a la reforma al código de aguas que se tramita en el Congreso en el ojo del huracán. La discusión el gobierno la decidió aterrizar, al presentar una indicación sustitutiva.
Tras meses de incertidumbre, el ministro de Obras Públicas apeló a la certeza jurídica para que los derechos de apropiación de agua sean indefinidos. Y no a 30 años prorrogables, como proponía el gobierno anterior. Pero no todos quedaron conformes con ese punto, que deja todo tal como está.
Todo mientras desde el MOP planteaban una mayor fiscalización de la DGA, un aumento en las patentes de no uso para combatir a los especuladores: los que hacen de la compra y venta de agua un negocio.
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Aún quedan, al menos, dos sesiones de la comisión de Agricultura. Dicha instancia deberá votar las indicaciones del proyecto para pasar a la discusión en la sala de la Cámara Alta.
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