El acuerdo que el Gobierno y la Mesa del Sector Público suscribieron en diciembre de 2025 quedó formalizado con la Ley 21.806. La norma fija ajuste desde el 1 de diciembre de 2025 y suma otro desde el 1 de junio de 2026.
Tras la negociación anual entre el Gobierno y los gremios de la Mesa del Sector Público —agrupados en la CUT—, el reajuste de remuneraciones para las y los funcionarios del Estado quedó oficializado con la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.806, el 5 de febrero de 2026.
La norma establece un incremento total de 3,4%, dividido en dos tramos: un 2% retroactivo desde el 1 de diciembre de 2025, y un 1,4% adicional desde el 1 de junio de 2026.
Con ello, el componente retroactivo debiera reflejarse en las próximas liquidaciones, al incorporar las diferencias desde diciembre.
El texto legal también incluye aguinaldos y otros beneficios asociados al reajuste del sector público. Desde la ANEF, en tanto, recalcaron que el proceso quedó cerrado con la publicación de la ley, aunque parte de las normas laborales discutidas durante la tramitación no prosperaron.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
