La ley fue promulgada el 12 de junio de 2012 y no se aplica a condenados anteriores.
Diputados de RN y padres de víctimas de abuso piden no reducir la pena al empresario.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.