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El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, emplazó al fiscal nacional, Jorge Abbott, para resolver la investigación sobre la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami de 2017.

El llamado de Tagle ocurre luego que el persecutor ordenó una indagatoria contra Karina Oliva por fraude de subvenciones ante la polémica rendición de gasto electoral cuando fue postulante a la gobernación regional Metropolitana en el primer semestre de 2021.

Además, el representante del Servel aclaró que los montos por los cuales se acusa a la actual candidata al Senado de Comunes estarían mezclados entre la primera y segunda vuelta, y que el organismo únicamente “maneja” honorarios de cuatro personas cuya suma total de dinero es inferior a los $127 millones denunciados.

Yo quiero ser muy claro en separar aquí las cifras que se han dado, son una mezcla de la primera vuelta con la segunda. La primera vuelta son una cuenta probada en el caso de la candidata Oliva, la segunda está pendiente y hay muchos gastos ahí que se han comenzado -como desayunos, etcétera-, que eso todavía el Servel no hace la revisión ni las observaciones a los candidatos. Por lo tanto, esta suma no corresponde”, dijo Tagle en entrevista con Última Mirada de CNN Chile.

“La cantidad que nosotros hasta el momento manejamos de la primera vuelta son honorarios inferiores, son cuatro personas que cobran, por los cuales se declara un gasto de $15 millones”, agregó.

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“Le pediría al fiscal que resuelva las denuncias pendientes”

Tagle posteriormente se refirió a la indagatoria que ordenó Abbott y las facultades del servicio ante presuntos delitos electorales. “La ley de gasto electoral tiene faltas que se sancionan con multas y tiene tipificado algunos delitos, pero tiene el Servel la facultad de denunciar esos delitos de la ley electoral a la Fiscalía y, justamente, el propósito es separar lo que falta -que lo sanciona el Servel- y el tribunal competente posteriormente de reclamaciones es el Tribunal Electoral, no son los tribunales normales de justicia en ese caso; respecto de los delitos que sí se denuncian y, obviamente, ahí corren normales de justicia”, señaló.

“Ahora, bienvenida su investigación de la Fiscalía, pero la facultad de denunciar finalmente nos tendrá que poner los antecedentes, y la tenemos nosotros de los delitos de la ley electoral”, añadió.

Bajo ese punto, el presidente del consejo directivo sostuvo que, como entidad, “hemos hecho denuncias en el pasado. Además, emplazó a Abbott: “yo le pediría al fiscal que resuelva las denuncias pendientes. Hicimos una denuncia a un candidato presidencial el 2018 -de las elecciones de 2017- que para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron unas facturas de una sociedad que se constituyó después de la elección, que aparecía prestando servicios en la elección”.

“Ese caso todavía está pendiente en la Fiscalía y ojalá que lo resolvieran antes que este, porque ya llevamos cuatro años y no pasa mucho”, continuó.

Tras ser consultado por el periodista Fernando Paulsen sobre a la postulación electoral de quién hace referencia, Tagle respondió: “fue la candidatura de Marco Enríquez-Ominami del año 2017 y eso es distinto de lo del 2009 que se falló recientemente de la justicia”.

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