La Corte Suprema emitió un informe este jueves en relación con el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de penas privativas por delitos de lesa humanidad en personas con enfermedades terminales a una determinada edad impulsada por senadores de oposición.
La iniciativa, presentada por los parlamentarios RN Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel, Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), argumenta que en Chile no existe una normativa legal que se haga cargo de la situación de los condenados con enfermedades en estado terminal.
Pese a que la Corte Suprema se manifestó a favor del proyecto tras analizarlo esta semana, advirtió que este podría interferir en los casos de sentenciados por violaciones a los derechos humanos.
“Sin perjuicio de la plausibilidad de los objetivos político-criminales que persigue la iniciativa, debe ponderarse en conjunto con otros fines y obligaciones del Estado que resultan relevantes, como la de investigar, juzgar y castigar cierta clase de delitos y el deber de evitar la impunidad“, sostuvo el informe del máximo tribunal.
El documento también agregó que “si bien el proyecto se condice con los estándares internacionales en materia de privación de libertad de personas vulnerables, debe hacerse presente que podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado de Chile, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia”.
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