Luego que se repusiera con normalidad el suministro de agua en la mañana de este domingo, el presidente Sebastián Piñera aseguró que se aplicarán “las mayores sanciones según la ley” a Essal, empresa responsable del corte de agua potable que se extendió por 10 días, debido a un derrame de petróleo en el río Rahue.

Para esto, el gobierno solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) que acelerara su investigación iniciada el 11 de julio, con la que se determinarán las sanciones que se apliquen a la compañía, las que podrían alcanzar los $600 millones y la posible caducidad de la concesión.

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La caducidad, que es la máxima sanción posible, se está analizando. Eso es parte del análisis jurídico”, indicó a La Tercera el jefe del ente regulador, Jorge Rivas, quien detalla que el proceso concluiría esta semana y luego la firma podrá hacer sus descargos.

Los hechos que se están investigando son: el corte de suministro de agua potable, la reposición oportuna y la información que se entregó a los consumidores y a la autoridad respecto a la crisis.

Aunque se está analizando la viabilidad de la medida, fuentes del Ejecutivo consignadas por el matutino sostienen que el estudio debe ser exhaustivo, ya que se trata de una decisión compleja.

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En este mismo punto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, declaró que esperan que las sanciones a Essal “sean acordes a la enorme gravedad de lo sucedido. La ley contempla sanciones de tipo económico, pero también la caducidad. Eso lo verá la superintendencia”, y agregó que en caso de terminar con la concesión, la ley establece que “debe haber un administrador provisional y luego se hace una licitación para que llegue otra compañía”.

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