Sólo 262 funcionarios públicos de un total de 29 mil que mal utilizaron licencias médicas fueron despedidos

Un informe de la Dirección de Presupuesto reveló que de los 29 mil funcionarios públicos que mal utilizaron licencias médicas, solo 262 han sido despedidos. 

A través de un comunicado, el organismo reveló que “las instituciones del Gobierno Central reportan un total de 40.629 licencias médicas habrían sido incumplidas durante el período, de acuerdo con la información remitida a cada institución por la Contraloría General de la República (CGR), los que corresponden a 29.270 funcionarios involucrados”.

“De estos, 23.745 funcionarios continúan en el servicio, mientras 5.525 ya no se encuentran trabajando, aunque de estos últimos, 2.947 están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir desempeñándose en el servicio. Así, existen 26.692 funcionarios cuyos casos se deben investigar mediante sumarios administrativos”, se complementó.

En esa línea, la Dipres informó que “del total de funcionarios a investigar, 25.352 sumarios han sido instruidos y de los cuales 21.098 continúan con sus procesos en curso; mientras, 4.254 personas se encuentran con sus procesos con resolución y además cuentan con una resolución del jefe superior del servicio. De ellos, 2.711 funcionarios tienen sus casos a la espera de cierre o ejecución de la medida disciplinaria, donde se encuentran las que fueron impugnadas por el funcionario, entre otros”.

En ese sentido, se detalló que “1.543 funcionarios cuentan con procesos que han sido cerrados, y se encuentran con alguna resolución ejecutoriada: 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos, por lo que el proceso se cerró sin sanción; 262 han sido destituidos; 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura; 65 recibieron la medida disciplinaria de suspensión en el empleo; y a 55 funcionarios le fue aplicada la medida disciplinaria de multa. Del total de casos cerrados sin sanción, estos se explican por distintos motivos que en la etapa investigativa se deben certificar, situaciones que además cuentan con la revisión de la CGR para su toma de razón”.