Desde Essal aseguraron que este miércoles a las 18:00 horas estará repuesto en su totalidad el suministro de agua potable en Osorno tras el derrame de petróleo.
En conversación con CNN Chile, Gustavo Gómez, gerente general de la empresa, afirmó que desde el martes la planta Caipulli va a producir agua a lo largo del día. Luego, verificarán si cumplen con los requisitos de consumo y, posteriormente, la distribuirán por toda la red.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, calificó la situación como “inaceptable”, sostuvo que los procesos de búsquedas de responsabilidades se mantienen y pidió que los consumidores fueran compensados.
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Además, solidarizó con los afectados por la interrupción del servicio y expresó que “el Gobierno hará todo lo que está en sus manos para velar por el pleno cumplimiento de los derechos de los consumidores en este caso”.
En tanto, Lucas del Villar, director del Sernac, afirmó que oficiará a la compañía pidiendo antecedentes del caso.
“Ha cometido una negligencia y es por eso que se detonan estos procedimientos que establece la ley. Básicamente estamos hablando de un descuento automático que está tasado por la propia ley y es por eso que el Sernac lo va a hacer exigible para todas las personas afectadas”, indicó.
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Luego, explicó que comenzará “un procedimiento voluntario colectivo que establece la posibilidad que la empresa compense de forma oportuna, adecuada, sin necesidad de esperar un largo juicio, por todos los daños que pudieron haber verificado todas estas personas, todas estas familias”.
En la misma línea, señaló que este procedimiento se inicia desde hoy y que “la empresa tiene que responder si se acoge al mismo o, derechamente, si tiene que responder ante los tribunales de justicia. No estamos hablando sólo de compensaciones, sino que también de eventuales multas”.
“Un día de corte es equivalente a 10 veces la facturación diaria del mes anterior de esa familia”, concluyó del Villar.
Cabe recordar que la Superintendencia de Servicios Sanitarios adelantaron que Essal arriesga multas de hasta $600 millones por perjuicios generados a las más de 180 mil personas afectadas.
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