La Justicia declaró inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia presentado contra la sentencia del tribunal de segunda instancia.
La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia que acogió una demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones de un trabajador que se desempeñó como jefe de prevención de fraudes, para la sociedad Comercial Eccsa SA, subsidiaria de Ripley Chile.
Según lo informado por el Poder Judicial, la Cuarta Sala del máximo tribunal -de forma unánime- descartó error en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta había confirmado la sentencia de primer grado que ordenó a la demandada el pago de la suma de $3.948.897, por concepto de recargo legal del 30% sobre la indemnización por años de servicio; $3.290.748 por bono de desempeño, y la devolución de $2.303.174, monto descontado de aporte patronal al seguro de cesantía del trabajador.
En total, la indemnización asciende a unos $9.542.819.
En el fallo del máximo tribunal se indicó que “para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada”.
“A la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la primera materia para unificación esgrimida por el demandado, tal exigencia no aparece observada, desde que en la sentencia impugnada se reconoce que los hechos que fundan la causal de necesidades resultan objetivos, pero atendida la insuficiencia probatoria no acreditó su gravedad ni permanencia, mientras que en la de contraste concluye que la causal debe tener alguna gravedad, no correspondiendo a un pasajero mal estado económico”, se agregó.
Del mismo modo, se apunta a que “en cuanto a la segunda materia propuesta, tampoco se verifica observada la referida exigencia, por cuanto en la sentencia impugnada se determina que no se infringe el artículo 1698 del Código Civil, porque establecida la procedencia del bono, se traslada la carga probatoria a la demandada, mientras que en la de contraste, a propósito del motivo de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, estima que se vulneró el principio de la razón suficiente para el pago de un bono, porque no explicitó el motivo por el que no valoró un documento denominado ‘carta oferta'”.
“Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el demandante puesto que la necesidad de uniformar las materias propuestas y la disparidad de decisiones respecto de las mismas, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo”, concluyó.
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