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Aunque el parlamentario deslindó responsabilidades en un excolaborador, correos electrónicos presentados por el Ministerio Público lo vincularían con gestiones internas del municipio, incluida la sugerencia de despidos masivos.
La causa judicial que involucra a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sumó nuevos antecedentes esta semana tras conocerse parte de la declaración que su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, entregó a la Fiscalía.
El testimonio forma parte de la indagatoria que investiga presuntas irregularidades durante la gestión municipal de Barriga, consignó un reportaje de Teletrece.
Uno de los ejes de la investigación apunta a la posible emisión de facturas falsas para financiar campañas políticas, las cuales habrían sido pagadas con recursos del Congreso y canalizadas a través de la empresa MMG.
Fuentes del Ministerio Público advierten que el escenario judicial de Lavín podría complicarse aún más en los próximos días.
Además, no se descarta que Fiscalía solicite su desafuero para permitir una eventual formalización por presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Ante este escenario, el parlamentario aseguró que no tuvo participación directa y atribuyó la responsabilidad a su exjefe territorial, Arnaldo Domínguez, quien en 2015 ocupó el cargo de Jefe Territorial.
Ese año, Domínguez “se hace cargo de muchos de los proveedores que tienen que ver con la labor territorial y empieza a tener comunicación con MMG”, sostuvo el exmilitante de la UDI.
“Yo dije expresamente que las cosas que se hacían para Cathy y para mí, las pagamos nosotros. Las de la UDI, las pagaba la UDI. Las de constituyente, las pagaba cada candidato”, añadió.
El diputado también fue consultado por su vínculo con la administración municipal liderada por su esposa. Aunque reconoció que colaboró con Barriga, insistió en que no tomaba decisiones administrativas.
“Yo quería que a Cathy le fuera bien en su administración, ya que sabía que era muy duro, porque había mucha gente que quería hacerle la vida imposible, por lo que yo tomé la decisión de ayudarla en los que más podía. Pero tenía claro también que yo no tomaba ninguna decisión“, aseguró.
No obstante, Fiscalía presentó correos electrónicos que contradicen parcialmente esa versión. Entre los documentos figura un mail en el que Lavín adjunta una lista de cerca de 500 personas que, según indica, debían ser desvinculadas del municipio.
“Eran personas que querían colaborar con la gestión de Cathy Barriga. La idea era colaborar con la gestión y que a Cathy Barriga le fuera bien. Yo solo transmitía lo que a mí me comunicaban”, explicó el parlamentario.
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