El requerimiento, respaldado por la Ley de Presupuestos 2025, buscaba transparentar el uso de recursos públicos en instituciones de educación superior.
Un nuevo foco de tensión se abrió entre el Ministerio de Educación y 5 universidades privadas luego de que, pese a un requerimiento formal, algunas casas de estudio no entregaran la información solicitada sobre las remuneraciones de sus funcionarios.
El oficio, enviado por la Subsecretaría de Educación Superior el 30 de julio, buscaba cumplir con lo establecido por las glosas N° 21 y N° 22 de la Ley de Presupuestos 2025, que regulan las transferencias de recursos públicos a instituciones de educación superior.
Según información oficial, hasta el 18 de agosto la Subsecretaría había recibido respuestas de 32 instituciones. Sin embargo, no todas cumplieron con lo exigido: dos universidades respondieron el oficio, pero no entregaron ningún dato, mientras que otras tres ni siquiera contestaron dentro del plazo establecido.
Según consignó La Tercera, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Mayor están entre las instituciones que sí emitieron una respuesta al ministerio, pero omitieron la entrega de los antecedentes solicitados.
En el caso de la Universidad Mayor, el argumento fue que la glosa N.º 21 exige reportar remuneraciones solo de funcionarios bajo la modalidad de planta, contrata u honorarios que superen los $8 millones mensuales, condición que —según declararon— no se aplica a su estructura interna ni a sus sueldos actuales.
Respecto a la glosa N.º 22, la misma universidad afirmó que la obligación de reportar recae sobre el Ministerio de Educación hacia el Congreso, no sobre las instituciones hacia el Mineduc, y solicitó que se le aclare con precisión qué norma faculta al ministerio a pedir datos personales de ese tipo.
Aún más drástica fue la postura de tres casas de estudio que, hasta el cierre del plazo, no respondieron en absoluto al oficio: la Universidad Bolivariana, la Universidad de Aconcagua y la Universidad La República, la que recientemente fue declarada en quiebra.
Desde la Subsecretaría no han informado si estas instituciones enfrentarán algún tipo de sanción, pero sí confirmaron que sus nombres están siendo incluidos en el informe que será enviado al Congreso.
Desde la Subsecretaría de Educación Superior aclararon que el requerimiento está respaldado por ley y que su obligación es compilar los antecedentes disponibles para presentarlos ante las comisiones de Presupuestos y Educación del Congreso Nacional.
No se contempla aplicar sanciones, aunque la entrega dispareja de la información sí genera inquietud dentro del Ejecutivo.
Este episodio reaviva el debate sobre la transparencia de las universidades privadas que reciben recursos del Estado, especialmente tras el caso de Marcela Cubillos en 2024, cuando se supo que percibía $17 millones mensuales como docente en una institución beneficiada por fondos públicos.
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