Polémica diligencia de Fiscalía: Incautó celular de ministro del Tribunal Constitucional siendo testigo en la causa

Un controversial procedimiento se produjo en el marco de indagatorias que ha realizado el Ministerio Público contra integrantes del sistema judicial del país.

Esto, dado que en el contexto de una investigación de una de las aristas del caso Audios, se indaga al actual ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

Por todo lo anterior -de acuerdo a lo señalado por La Tercera– Fiscalía allanó el domicilio del ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery y le incautó su teléfono. Esto, en un contexto en que Mery es uno de los testigos de esa causa.

La respuesta no se hizo esperar. El abogado del ministro Mery, Matías Künsemüller, presentó un recurso de amparo a favor de su cliente, apuntando a que habría un actuar ilegal por parte de la Fiscalía Regional de O’Higgins.

En su argumento, la defensa de Mery apuntó a que el allanamiento abrió “un escenario de vulneración de garantías constitucionales, en función de la vaga información contenida en la resolución judicial, que le da el trato de imputado a nuestro representado en una causa desformalizada, donde no se avizora ni mínimamente que alguna conducta desplegada se comunique con un hecho delictivo, es decir, dicha resolución tampoco construye argumentos asociados a una correcta imputación o intimación, y como también lo ha sostenido nuestro máximo tribunal, además, se vulnera el derecho de defensa si no existe una descripción precisa y circunstanciada del hecho atribuido”.

Luego de conocer la solicitud de allanamiento, Künsemüller se comunicó con el fiscal de Alta Complejidad de O´Higgins, Javier von Bischoffshausen, situación que fue relatada en el recurso. En el amparo, relata que “nos pusimos en contacto con el señor fiscal de la causa, con el objeto de obtener copia de la solicitud por él formulada, para así intentar entender los contornos de alguna imputación y las motivaciones en que descansa la resolución”.

“Sin embargo, para nuestra sorpresa, el fiscal señor Javier von Bischoffhausen nos confirmó que no podríamos acceder a la solicitud ni tampoco ser acreditados en el sistema SIAU del Ministerio Público como intervinientes pues el señor Mery Romero no tiene calidad de imputado en la causa sino que es testigo en la misma”, acotó.

En el amparo, Künsemüller asegura que “como es evidente, nuestra sorpresa fue enorme al recibir esta respuesta pues la resolución que decreta la medida intrusiva sostiene, en al menos tres oportunidades distintas, que el señor Mery Romero tiene calidad de imputado, calidad que sí atribuye la jueza que autoriza”.

“Sólo podemos concluir que el fiscal von Bischoffhausen solicitó la entrada y registro e incautación de dispositivos electrónicos de un testigo que actualmente desempeña el cargo de Ministro del Tribunal Constitucional, lo que ya parece una cuestión completamente ilegal y que carece de toda racionalidad considerandos las prácticas del ente persecutor en función de la aproximación que éste tiene con testigos e imputados, claramente diferenciando entre una y otra”, añadió.