El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Acción Social, reveló que 367 personas reciben pensiones de gracia por violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
Según pudo recoger El Mercurio, la cifra fue dada a conocer tras un oficio presentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI) a finales de septiembre, donde se solicitó información de los beneficiados con pensiones de gracia por ser víctimas de violaciones a los DD.HH. en el contexto del estallido.
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Para esto, el Ejecutivo definió tres criterios al momento de entregar la pensión, de acuerdo a la gravedad de las lesiones sufridas.
Estas se dividen en personas que hayan sufrido agresiones físicas, a las que se les paga $257.836; personas que hayan sufrido lesiones graves (extremidades o tronco) con afectación psicológica, a las que se les paga un monto cercano a los $386.754; y personas que hayan sufrido lesiones más graves como el “trauma ocular irreversible”, lo que se traduce en un pago de $516.672.
Ante esto, la situación ha sido cuestionada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien comentó que existe una “falencia” en la entrega de esta pensión, ya que “se están entregando sin un conocimiento claro de los procesos y requisitos que deben reunir las personas para acceder a un beneficio que, no nos olvidemos, es de por vida”.
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