El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, respondió a la Federación de Asociaciones del Congreso respecto a la iniciativa que busca regular los sueldos. En ese contexto, aclaró que “el documento entregado al Presidente Gabriel Boric es solo un borrador”.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, respondió a los cuestionamientos de la Federación de Asociaciones del Congreso (Fedecon) respecto a la iniciativa que busca regular los sueldos de los funcionarios administrativos del Parlamento.
A través de su cuenta de Instagram, aclaró que “nadie pretende bajar sus sueldos, porque además la ley no lo permite”.
En esa línea, detalló que la idea es crear una “nueva planta funcionaria, con remuneraciones distintas para quienes lleguen en el futuro, no para los actuales trabajadores”.
“Es importante que los funcionarios entiendan que no pueden vivir en una realidad paralela al resto de los chilenos, y que mantener la estructura actual es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar”, subrayó.
Además, comentó que coincide con la intervención de otros órganos del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) o el nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que —a su juicio— tienen “sueldos desproporcionados respecto de la realidad del resto de la administración pública”.
Respecto de la iniciativa, remarcó que “el documento entregado al Presidente Gabriel Boric es solo un borrador” y agregó: “Ahora corresponde que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley al Congreso, donde todos los funcionarios públicos podrán dar su opinión e influir en la discusión. Argumentar que la discusión no se puede dar en un periodo electoral es solo dilatar un debate que lleva años postergándose”.
Finalmente, sostuvo que no hay que tener “miedo a modernizar lo que haya que cambiar” y que el país “necesita cambios profundos, y esos cambios deben empezar por casa”.
La organización cuestionó que la iniciativa no cuenta con asesoría jurídica especializada, presenta problemas de diseño legislativo y desconoce las “particularidades del trabajo de los funcionarios del Congreso Nacional”.
Además, argumentaron que “carece de los antecedentes técnicos para fundar una medida que, a todas luces, menoscaba y afecta gravemente las remuneraciones de los funcionarios de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional”.
Asimismo, plantearon en La Tercera que estos mecanismos de control deberían aplicarse también a otras instituciones del Estado.
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