Aunque el gobernador defendió la legalidad del financiamiento y recalcó que no existe sanción ni acusación formal, el clima político se agudiza, con divisiones dentro del propio consejo y presión sobre su liderazgo.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta una creciente presión política luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) cuestionara el uso de $31 millones en asesorías de coaching durante su campaña electoral de fines de 2024.
La controversia se tomó la última sesión del Consejo Regional Metropolitano, donde la oposición —principalmente el Partido Republicano— abrió la puerta a una eventual presentación de una solicitud de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Desde los primeros minutos de la sesión plenaria N.°11 del Gobierno de Santiago, el ambiente fue tenso y cargado de críticas.
Según consignó La Tercera, aunque la tabla abordaba proyectos de inversión municipal, los cuestionamientos al gobernador dominaron el encuentro.
Durante el debate, el consejero republicano Javier Ramírez arremetió contra Orrego incluso en temas ajenos al informe de Contraloría, aludiendo al uso de recursos públicos en sectores “no prioritarios”. Fue solo el preludio de una jornada marcada por duros cuestionamientos de parte de la oposición.
Uno de los puntos más sensibles fue la forma en que se dio a conocer el informe N.°873 del ente fiscalizador. Varios consejeros —incluso algunos que históricamente han respaldado a Orrego— criticaron haberse enterado por la prensa y no por vías institucionales.
El gobernador respondió que su equipo recibió oficialmente el documento apenas una hora después de su publicación mediática.
En su intervención ante el pleno y luego frente a los medios, Claudio Orrego reiteró que su campaña fue financiada mediante créditos públicos rendidos ante el Servicio Electoral (Servel) y que no existe ninguna acusación formal en su contra.
“No hay ni siquiera una acusación ni una sanción. ¿Están hoy día dadas las circunstancias para pedir la destitución de una autoridad elegida democráticamente? No”, afirmó.
Además, el gobernador recordó su oposición a solicitar la renuncia del expresidente Sebastián Piñera durante el estallido social, argumentando que la legitimidad democrática debe respetarse, salvo que existan delitos comprobados.
Pese a sus declaraciones, la bancada del Partido Republicano mantiene su intención de presentar un requerimiento ante el Tricel.
Según el consejero Ignacio Dülger, ya cuentan con 11 de las 12 firmas necesarias para concretar la solicitud, y han iniciado conversaciones con miembros de la UDI y Renovación Nacional para ampliar el respaldo.
“Queremos que sea un tribunal electoral el que determine las responsabilidades. No nos vamos a quedar con especulaciones”, afirmó Dülger, quien también advirtió que su bancada defenderá con fuerza su postura frente a los intentos de desacreditar su rol fiscalizador.
Desde la UDI, el consejero Álvaro Bellolio sostuvo que aún se están revisando todos los antecedentes antes de tomar una decisión.
La colectividad, junto con RN, propone la creación de una comisión investigadora que pueda levantar evidencia concreta. Mientras tanto, se mantendrán al margen de firmar un requerimiento formal ante el Tricel.
“Necesitamos dar claridad a la ciudadanía sobre en qué se están gastando los recursos públicos”, subrayó Bellolio, quien también expresó preocupación por la calidad de la respuesta que el Gobierno Regional entregó a la Contraloría.
En medio de la tensión política, el Consejo aprobó la creación de una Comisión de Ética, impulsada por sectores opositores como una señal institucional frente a las dudas sobre probidad.
Si bien fue votada en el cuarto punto de la tabla, su aprobación quedó marcada por el debate sobre las asesorías y el rol del Gobierno Regional.
La sesión concluyó a las 12:41 p.m., pero Orrego permaneció en el lugar para conversar con alcaldes presentes, como Felipe Muñoz (Estación Central), Zandra Jofré (El Monte) y Manuel Devia (San Pedro), en un intento por descomprimir el ambiente y mostrar control político ante el creciente escrutinio.
Desde el Partido Republicano aseguraron que la redacción del requerimiento ante el Tricel tomará al menos dos semanas, y que esperaban completar los antecedentes tras escuchar los descargos de Orrego en el consejo.
“Todos los elementos que están a la vista son casi evidentes. Necesitamos avanzar para que un tribunal se pueda pronunciar”, puntualizó Dülger.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
