Entre las quejas se encuentra la vulneración de territorio indígena y las cuestionadas industrias involucradas.
Parlamentarios de oposición, junto a dirigentes de comunidades lafkenches, presentaron dos requerimientos y objeciones ante el Tribunal Constitucional para frenar la ya aprobada Ley de Pesca.
Uno de los principales reclamos fue por una vulneración del convenio 169 de la OIT, en la defensa de este alegato el Senador Eugenio Tuma del PPD estableció que cualquier proyecto que pueda afectar a los pueblos originarios debe ser consultado a la población correspondiente. Sin embargo, las cuestionadas concesiones industriales también fueron tema de consulta constitucional, lo que crea un escenario que obliga al Tribunal a pronunciarse hasta 10 días hábiles, por una ley que no puede ser promulgada.
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