Lo que comenzó como una investigación por microtráfico en los cerros de Viña del Mar, terminó por destapar una sofisticada maquinaria financiera. La Policía de Investigaciones (PDI), bajo la denominada Operación Patrimonio Oscuro, logró desarticular una célula del Tren de Aragua que logró mover un flujo de caja superior a los $4.000 millones, utilizando un método de lavado que burló los controles bancarios tradicionales mediante el uso de identidades legales.
La organización operaba con una estructura de “espejo”. Mientras una rama se encargaba de la logística criminal —internando droga desde el norte del país a través de correos humanos—, la otra se dedicaba exclusivamente a “limpiar” el dinero. Tras distribuir las sustancias en la Región de Valparaíso y la zona central, la banda activaba su red de presta cuentas.
El mecanismo de los “presta cuentas”
A diferencia de otras bandas que operan en la clandestinidad absoluta, esta facción reclutaba a ciudadanos extranjeros con situación migratoria regular.
Al poseer documentos de identidad chilenos y cuentas bancarias vigentes, estos individuos actuaban como una pantalla de legitimidad ante el sistema financiero. Recibían depósitos fraccionados de las ventas de droga, evitando que las alertas de lavado de activos se prendieran de inmediato por montos sospechosos o procedencia desconocida.
Una vez que el dinero ingresaba al sistema bancario formal a través de estos terceros, la organización realizaba transferencias internacionales masivas.
Este envío de remesas al extranjero permitía que el capital saliera de la jurisdicción chilena rápidamente, dificultando la trazabilidad de los fondos y consolidando el proceso de blanqueo para la cúpula de la organización trasnacional.
El operativo nacional culminó con la detención de 22 implicados en allanamientos realizados en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la Metropolitana. Los imputados, que incluyen a 18 venezolanos y otros ciudadanos extranjeros, enfrentarán cargos por asociación criminal y tráfico ilícito de sustancias.
Por orden del tribunal, los antecedentes financieros y la evidencia tecnológica recolectada pasaron a manos de la fiscalía especializada para rastrear el destino final de los millonarios activos.
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