El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al millonario monto que recibió Juan Villalobos por la pensión de gracia otorgada por el Gobierno por ser considerado víctima de violación a los Derechos Humanos. El sujeto, que se encuentra imputado por el delito de estafa, está prófugo de la justicia.
Por este beneficio, Villalobos ha recibido pagos que totalizan $5.698.168 entre el 18 de abril y el 15 de diciembre de 2023. Estos recursos los recibió incluso después de que se conociera públicamente que era buscado por la justicia, durante septiembre pasado.
Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció en la Comisión de Seguridad de la Cámara que el Gobierno se encuentra estudiando el diseño de un proyecto de ley para retrotraer el otorgamiento de esta pensión, en caso de que el beneficiario cometa un delito o escape de la justicia.
De lo anterior, el ministro Cordero explicó que dichas pensiones “se otorgan bajo determinado tipo de condiciones, tiene una cláusula de revisión, sin embargo, también hay otro tipo de aspectos que son necesarios de revisar desde el punto de vista normativo”.
“El Gobierno y particularmente el Ministerio del Interior se ha referido de que se van a revisar las condiciones en las cuales esa pensión se entregó para efectos de mantener o no su vigencia. Hay algunos aspectos del otorgamiento de las pensiones de gracia y particularmente la totalidad de la información, que es necesaria tenerla en los expedientes”, agregó.
Sobre Villalobos, el titular de Justicia sostuvo que “todavía no tiene condena, pero sin perjuicio de eso, uno de los aspectos que ha señalado el Ministerio del Interior, es revisar los procedimientos y el tipo de antecedente que tiene a su disposición al momento de definir las pensiones de gracia“.
“Hay dos aspectos que ahí son claves: esos tipos de pensiones de gracia están asociadas a otro tipo de elementos causales y otra cosa, es cuáles son los antecedentes que hay ahí”, zanjó.
Finalmente, el secretario de Estado afirmó que las pensiones de gracia “no se puede prestar para abusos de quienes participan, de quienes esencialmente los solicitan y como ha dicho la ministra del Interior y el subsecretario, es un procedimiento que es necesario revisar”.
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