Este jueves, once diputados de oposición, liderados por el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, finalmente firmaron una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Entre otras cosas, la acusan de no haber cumplido con la correcta ejecución de la ley, de faltar al principio de probidad y de graves faltas a la ley de reserva de datos personales.
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Esta última imputación tiene relación con el envío masivo de correos electrónicos dirigidos a apoderados, donde la ministra defendió el proyecto Admisión Justa y acusó a la oposición por bloquear la iniciativa.
En conversación con CHV Noticias, Cubillos fue consultada sobre si cree que se equivocó en el método para defender el proyecto. “No, el método es completamente adecuado. De hecho, todos los meses enviamos correos a los apoderados con distinto tipo de información. Los apoderados han sido los grandes ausentes del debate educacional por años y, por lo tanto, nos hemos preocupado de mantenerlos informados a través de todo tipo de plataformas”, afirmó.
“Aquellos parlamentarios que pensaron que esto era ilegal, lo llevaron a la Contraloría, que validó mi accionar. Y lo llevaron al órgano que la propia institucionalidad define que es el que debe velar por el cuidado de datos personales, que es el Consejo para la Transparencia, y también validó mi actuar. Por lo tanto, la acusación se basa en hechos que ya fueron validados y respaldados por la institucionalidad, y que por lo demás son de pleno sentido común, que es aumentar la transparencia y la información a los apoderados”.
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“Me acusan por fiscalizar”
Aunque todavía no se conoce la totalidad de las acusaciones en contra de la ministra Cubillos, este jueves en La Moneda ella manifestó: “Me acusan por fiscalizar”.
Ahora, la secretaria de Estado explicó que con esto se refiere a que la han criticado por no querer dejar más tiempo en el cargo a las autoridades heredadas en la implementación de la educación pública durante el primer año del gobierno.
“Por suerte no aceptamos enviar una ley para prolongarlos en los cargos, porque apenas los dejaron, iniciamos auditorías, que hoy día, con los resultados, tenemos los antecedentes en manos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, porque los hallazgos pueden constituir delitos de malversación y desórdenes administrativos”, afirmó la ministra.
La reforma heredada
Sobre la misión de implementar la Ley de Educación que fue aprobada bajo la administración de Michelle Bachelet, la ministra Cubillos admitió que “todas las autoridades tenemos derecho a tener opinión sobre las leyes que heredamos”.
“Que me acusen por no implementar la ley es completamente distinto a que me acusen porque no me gusta o tengamos opiniones distintas o, por como escuché a algunos parlamentarios ayer, que no las implementábamos con el suficiente entusiasmo. Creo que se puede tener diferencias con las leyes que uno hereda y, al mismo tiempo, cumplir con estricto apego la Constitución y la ley. Y más aún, se puede intentar, y es un derecho constitucional hacerlo, tratar de cambiar la ley”.
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Posibles consecuencias: 5 años fuera de cargos públicos
En caso que la acusación prospere, tal como ocurrió con los ex titulares de Educación Yasna Provoste y Harald Beyer, Cubillos podría terminar destituida del cargo y con la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante cinco años.
Sin embargo, ella ve lejana esta posibilidad. “Por lo mismo que me he dedicado toda la vida al ejercicio público, no pierdo la fe en el servicio público. Cualquier diputado que lee con tranquilidad esta acusación constitucional, se da cuenta que las diferencias políticas no pueden enmarcarse como si fueran infracciones a la Constitución”, afirmó.
“Es una acusación que se basa en hechos que no son verdaderos y que además no tienen fundamento jurídico. Uno puede en democracia tener diferencias políticas profundas, pero eso no cabe ni se puede meter como que fuera una infracción a la Constitución”, afirmó.
Respecto cómo se va a defender, Cubillos afirmó que se está asesorando con el equipo de abogados del propio Ministerio de Educación.
“Por ejemplo, en el último capítulo, que habría agregado el Frente Amplio, me acusan por no pago de las menciones a las educadoras diferenciales. La ley que las deja fuera es del año 2006, por lo tanto, en ese capítulo me acusan por cumplir la ley, no por no cumplir. Por lo tanto, creo que cualquier análisis no sesgado, profundo y con interés de verdad, se darán cuenta que no hay fundamento jurídico”, concluyó.
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