En agosto de 2011, el Consejo Superior de la Corporación administrativa del Poder Judicial, se enteraba de una serie de presuntas irregularidades en el proceso de construcción y arrendamiento de algunos juzgados en el país.
Entre los hechos indagados, figuraba una alta concentración en las adjudicaciones a inmobiliarias relacionadas entre sí. El mismo grupo de firmas habría concentrado un total de $40 mil millones de pesos en contratos celebrados con la corporación.
Tras un reportaje realizado por CNN Chile, el Poder Judicial decidió entregar estos antecedentes al Ministerio Público, y se inició una investigación que lleva dos años, la cual aún tiene diligencias pendientes, por lo que aún no se ha tomado ninguna decisión, informó la Fiscal Ximena Chong.
Además, estas irregularidades también están siendo investigadas por el Consejo de Defensa del Estado, según informó el diario The Clinic en su versión online.
Rubén Ballesteros, Presidente de la Corte Suprema, señaló su postura a favor de la continuidad de estas investigaciones, afirmando “que se investigue todo lo necesario”.
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