El fiscal Jorge Abbott se reunió este viernes para analizar,junto a otros fiscales regionales, una interpretación legal que se da en la agenda corta antidelincuencia.
La polémica se gestó porque ahora se da espacio a que los Tribunales de Justicia otorguen beneficios a condenados por robo y hurto, ya que un agravante fue derogado con la implementación de la nueva legislación.
Con críticas contra los senadores que aprobaron la legislación, y una actitud poco “prolija” de parte de la Cámara Alta, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que existe una evaluación de un tribunal, pero que hay espacio para hacer indicaciones que solucionen el problema. “Habrá que hacer el análisis técnico-legal que corresponda”, dijo.
En tanto, desde la Corte Suprema aseguraron que es necesario arreglar el problema, aunque explicaron que no es primera vez que ocurre esta situación.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.