El Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella de 13 páginas para solicitar el desafuero de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, acusada de cohecho y lavado de activos por presuntamente favorecer al consorcio Belaz Movitek (CBM) en un litigio contra Codelco.
El Ministerio Público presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una querella de capitulos de 13 páginas para solicitar el desafuero de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a quien se acusa de cohecho y lavado de activos por su presunta intervención a favor del consorcio Belaz Movitek (CBM) en un litigio con Codelco.
Según la acción judicial, Vivanco —nombrada ministra titular de la Suprema en 2018— habría usado su posición en el máximo tribunal para favorecer al conglomerado chileno-bielorruso, lo que derivó en el pago de más de $4.000 millones por parte de la minera estatal.
El Ministerio Público sostiene que desde 2022, Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, mantenían una estrecha relación con los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos Herrera, representantes de CBM.
Estas reuniones —según el escrito— se daban con frecuencia en el domicilio de la pareja en Las Condes y continuaron incluso después de que el caso comenzara a ser investigado.
En 2023, los abogados asumieron la defensa de CBM en dos recursos de protección contra Codelco, los cuales terminaron en la Corte Suprema, donde Vivanco participó en la resolución de fallos a favor de la empresa, sin declarar su inhabilidad a pesar de su vínculo personal con los litigantes.
En el documento, al que CNN Chile tuvo acceso, el Ministerio Público detalla dos capítulos centrales:
El primero, relativo al fallo del 28 de septiembre de 2023, donde Vivanco habría votado a favor de una resolución que obligó a Codelco a pagar más de $4.400 millones en costos de desmovilización de maquinaria.
Días después, los abogados Vargas y Lagos habrían entregado a Migueles US$ 14.000 en efectivo como pago por la intervención de la magistrada.
El segundo, vinculado al recurso de queja del 14 de marzo de 2024, donde la exministra nuevamente habría apoyado una decisión favorable a CBM, esta vez por un monto superior a $1.026 millones. Según la querella, tras este fallo, Migueles recibió otros $45 millones en efectivo como “retribución” por los fallos favorables.
La fiscalía asegura que parte de los pagos recibidos fueron utilizados por Vivanco y Migueles en viajes a Buenos Aires y Brasil durante diciembre de 2023 y enero de 2024.
Los montos, de origen ilícito, se habrían depositado en sus tarjetas de crédito, con las que realizaron compras millonarias en dólares.
Los movimientos financieros están respaldados por registros de bancos y grabaciones de seguimiento del OS-7 de Carabineros, que también captaron reuniones con notarios de Chillán y Providencia, involucrados en la creación de documentos falsos para dar apariencia de legalidad a los fondos.
De acuerdo con la investigación, los abogados de CBM solicitaron en septiembre de 2023 la compra de USD 70.000 a través de una casa de cambio.
La transacción fue realizada con “billetes nuevecitos, impecables y bien contados”, según mensajes de WhatsApp recuperados por la policía.
Parte de esos dólares habría terminado en manos de Migueles, quien los utilizó para pagar viajes y deudas personales junto a la entonces ministra.
Para ocultar el origen de los fondos, Vivanco y su pareja —con ayuda de notarios— firmaron en septiembre de 2025 un finiquito laboral antedatado, simulando un pago por servicios profesionales inexistentes.
Este mecanismo habría permitido blanquear $25 millones, según detalla la querella.
El documento de Fiscalía califica los hechos como cohecho agravado y lavado de activos consumado, delitos por los cuales la exministra sería autora junto a su pareja y los abogados imputados.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago programó para este viernes la formalización de Vargas, Lagos y Migueles por corrupción.
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