El acusado, Samuel Challapa, fue identificado meses después de la presunta agresión y enfrenta cargos por violación, cohecho y soborno. Según la Fiscalía, el imputado se aprovechó de su cargo y de la situación de vulnerabilidad de la víctima.
Una joven migrante boliviana de 25 años denunció haber sido violada mientras se encontraba retenida en el complejo fronterizo de Colchane, al norte de Chile, en diciembre de 2024.
El principal acusado, Samuel Challapa Choqueticlla, de 21 años, fue detenido nueve meses después y enfrenta cargos por violación, cohecho y soborno.
La víctima, identificada como E. por razones de protección, intentaba regresar a Bolivia por un paso no habilitado para reencontrarse con su hijo, según detalló una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Tarapacá.
Según recoge Radio Biobío, la denunciante fue detenida por autoridades chilenas durante un control policial y trasladada a un recinto donde se revisaban los documentos de los migrantes.
Allí, de acuerdo con el relato judicial, fue abordada por un hombre que le ofreció “ayudarla a salir” del proceso de detención a cambio de favores personales.
Horas después, durante la madrugada, fue agredida sexualmente en una sala privada del lugar.
Tras la agresión, la víctima logró cruzar a Bolivia y, una vez en Oruro, denunció los hechos ante las autoridades locales.
Como no conocía la identidad de su agresor, la investigación en Chile se extendió por más de ocho meses hasta que fue posible identificar a al hombre gracias a una descripción física y otros antecedentes recopilados por la Fiscalía.
El acusado, Samuel Challapa, trabajaba como monitor de primera respuesta en el complejo fronterizo y estaba contratado a través de la empresa A370, que presta servicios a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal.
Según informó la Fiscalía durante la audiencia de formalización en septiembre de 2025, Challapa aprovechó su posición y la vulnerabilidad de la víctima para aislarla, amenazarla con ser enviada a prisión por 90 días y finalmente agredirla sexualmente.
“El imputado advirtió lo asustada que estaba la víctima y aprovechó esa situación”, señaló el fiscal Milton Torres.
La Delegación Presidencial confirmó a medios locales que Challapa prestó servicios hasta agosto de 2025, cuando fue desvinculado tras ser condenado por un caso anterior de cohecho, también vinculado al trato con una mujer migrante.
Challapa fue detenido el 11 de septiembre y quedó en prisión preventiva por un plazo de 150 días, después de una ampliación del tribunal de Pozo Almonte.
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