La Contraloría emitió cinco informes de auditoría que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de 2024 en la Región de Valparaíso. Entre las instituciones involucradas se encuentran las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.
La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que identificaron “graves deficiencias” en la gestión de los recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.
El organismo detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la contingencia. En la auditoría se advirtió la existencia de presuntos sobreprecios y el uso injustificado del trato directo.
En este contexto, la Contraloría instruyó un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para las acciones que correspondan.
El informe elaborado por la CGR estableció que la Municipalidad de Quilpué “presentó gastos improcedentes”, entre ellos la compra de cocinillas sin certificación SEC, el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
Por este motivo, la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
En tanto, en Viña del Mar, la CGR reportó irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados, entre febrero de 2024 y abril de 2025.
A ello se suman problemas en la rendición de cuentas, falta de trazabilidad en la entrega de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. Frente a estos antecedentes, el ente contralor anunció la apertura de un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Por otro lado, las fiscalizaciones realizadas a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso detectaron un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en los procesos de contratación y control interno.
Ante estas irregularidades, la CGR ordenó iniciar un sumario administrativo.
Finalmente, la Contraloría informó que constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones realizadas en el sector El Olivar, además de irregularidades en la adjudicación, presuntos sobreprecios y deficiencias en los respaldos documentales.
Por estos hechos, se instruyó un sumario administrativo y se solicitó el expediente del procedimiento iniciado por la Fiscalía Nacional del MOP, con el fin de que continúe su respectiva tramitación.
🔴INFORME DE AUDITORÍA | Revelamos millonarias irregularidades tras el megaincendio en Valparaíso.
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La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
