Desde Brasil, el pasado miércoles 25 de junio, De los Santos presentó un escrito solicitando que se autorizara un nuevo patrocinio para su defensa, mientras él se encuentra fuera del país. La acción fue denegada, sin embargo, por el tribunal.
Martín de los Santos Lehmann, imputado por la brutal agresión a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia tras abandonar el país antes de ser notificado de su prisión preventiva, intentó esta semana designar formalmente a nuevos abogados para su defensa desde el extranjero.
Desde Brasil, el pasado miércoles 25 de junio, De los Santos presentó un escrito ante el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando que se autorizara el patrocinio de los abogados Carla Zúñiga y Mario Jara.
Sin embargo, la jueza Mariana Leyton denegó la petición, argumentando que el imputado mantiene una orden de detención vigente y debe comparecer personalmente ante la justicia.
Desde Florianópolis, —ciudad a la que llegó el 19 de junio—, De los Santos reaccionó acusando que la decisión judicial “vulnera su derecho a defensa”.
En conversación con La Tercera, —desde la clandestinidad— , señaló que la negativa del tribunal lo deja sin posibilidad de regularizar su situación legal de forma remota y aseguró que interpondrá un recurso de apelación.
“No tengo arraigo nacional. Estoy solicitando que se me permita ejercer mi defensa a distancia, como contempla la ley”, reclamó.
El imputado también manifestó que las restricciones logísticas le impiden actuar con normalidad.
“No he sido notificado formalmente, y desde el inicio he tenido disposición para colaborar con la justicia. Solo pido una prórroga razonable para resolver este asunto administrativo”, señaló en un nuevo escrito presentado esta semana.
De los Santos fue formalizado el 17 de mayo por la agresión al trabajador Guillermo Oyarzún, de 73 años, ocurrida ese mismo día en un condominio de Vitacura.
Pese a la gravedad del hecho, en esa audiencia no se dictó arraigo nacional, lo que le permitió salir del país sin restricciones.
Posteriormente, el 23 de junio, el tribunal decretó su prisión preventiva, aunque en esa ocasión él aseguró estar en Pichilemu, cuando en realidad ya se encontraba en Brasil.
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