Este lunes tuvo lugar la audiencia de procedimiento abreviado a Luis Castillo Opazo, quien fue detenido en diciembre de 2023 por un presunto secuestro en la ciudad de Copiapó. El sujeto, además, fue uno de los 13 indultados por el presidente Gabriel Boric a fines de 2022, tras ser procesadas por delitos cometidos en el marco del estallido social.
En la instancia, Fiscalía obtuvo la condena del imputado, quien deberá cumplir una pena efectiva de 4 años y 1 día sin beneficios por robo con intimidación y violencia, además de conducir bajo los efectos de estupefacientes.
La pareja de Castillo, Camila Morales, fue condenada como coimputada por los mismos hechos, y al tener irreprochable conducta anterior se le impuso una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Asimismo, las adolescentes que participaron de los hechos ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
De acuerdo al fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, durante la investigación del caso surgieron “nuevos antecedentes” que permitieron determinar la participación de todos los involucrados “en el delito de robo con intimidación y violencia y el manejo bajo la influencia de estupefacientes”. Así, el Ministerio Público pudo reformalizar los delitos informados originalmente.
Con ello, “se realizó un procedimiento abreviado en que Castillo Opazo aceptó los hechos, con lo que el imputado fue condenado a la pena efectiva de cárcel de 4 años y un día”, sostuvo el persecutor.
Los hechos
En diciembre de 2023, Luis Castillo habría secuestrado junto a algunas mujeres a un sujeto mientras se encontraba con su pareja en una estación de servicio.
Según la versión de la víctima, los agresores lo intimidaron con un arma blanca, forzándolo a ingresar al maletero del vehículo en el que se desplazaban, donde lo mantuvieron cautivo durante toda la noche.
Luego, uno de los involucrados le entregó un teléfono celular, momento en que envió su ubicación a su pareja, la que alertó a Carabineros, quienes finalmente detuvieron a Castillo, a una mujer adulta y a otras tres menores de edad.
Más tarde, la familia de Castillo argumentó que todo se trató de una juerga que se salió de control, tesis que fue desestimada por el Ministerio Público.
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