Corte Suprema ordenó una indemnización de $415 millones de pesos a la familia de Juan Guillermo Moya.
El primero de marzo de 2010, luego del terremoto ocurrido el 27 de febrero del mismo año, 6 funcionarios de la Universidad San Sebastián fallecieron en un accidente aéreo en Tomé. Luego de 3 años de investigación, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) concluyó que el incidente se debió a un error operacional del piloto.
La viuda de Juan Guillermo Moya, Lorena Ponce, declaró que no se puede hablar claramente de justicia porque “es la instancia que queda” y su marido “no va a volver porque hayamos recibido esta indemnización” pero que de “alguna manera se hizo justicia aunque no la que uno espera”.
Ponce manifestó que el fallo asignó las responsabilidades sobre los empleadores y el piloto, que no tenía las capacidades para haber ejercido el vuelo. Según la DGAC, determinó que el incidente ocurrió por una falla humana, recalcó la entrevistada.
La entrevistada contó que el día del accidente tuvo la “corazonada” que algo le podía pasar a su marido y se lo hizo saber, pero Moya le dijo que no se preocupara porque habían contratado a un piloto profesional. El mismo día del vuelo se tuvo que bajar al especialista contratado porque desde Concepción volvían dos personas y el avión no tenía capacidad suficiente.
A juicio de la viuda de Juan Guillermo Moya, cree que las familias que quedaron tienen “todo el derecho a buscar justicia” y que la única instancia que queda es la ley, aunque no es uno quien elige los montos sino que presenta el caso y la ley es quien decide.
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