El Ministerio Público presentó una acusación ante la Fiscalía Local de Coyhaique en contra de ocho imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto Águila (Ind), por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.
La acción, desarrollada junto a la PDI en la Región de Aysén, acusa un perjuicio económico que supera los $100 millones mediante un esquema sistemático de contratación de servicios ficticios.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, explicó que los principales acusados son Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y el parlamentario, quienes enfrentan penas de crimen.
El persecutor afirmó que Graf nunca prestó servicios reales a Calisto, convirtiendo los contratos en un “mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales“.
De acuerdo con la investigación, los honorarios pagados por el Congreso a Graf se transfirieron posteriormente a Cárcamo y al entonces diputado Calisto para su provecho personal.
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