El ente contralor indicó que todos los sumarios deberán contar con un debido proceso y que los inculpados podrán ejercer su "derecho a reclamo".
A raíz de la revelación del mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, la Contraloría General de la República impartió una serie de instrucciones para “determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas en cada uno de los casos detectados” y mantener un “estricto control” del avance de los sumarios que se están realizando.
En su instructivo, el ente señaló que “corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos”.
Asimismo, indica que los sumarios deberán contar con un debido proceso y que el procedimiento debe ser racional y justo. Por eso es que se debe “velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa”.
En esa línea, se dispuso que están afectos a toma de razón aquellos actos administrativos que “dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización”.
El inculpado podrá ejercer su derecho a reclamo ante la Contraloría.
Sobre la designación de un fiscal, el organismo contralor indicó que este “no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor que el de este”.
Y que el fiscal tendrá “amplias facultades” para llevar adelante la investigación, a la vez que los funcionarios tendrán la obligación de prestar colaboración en lo que se les solicite.
Respecto a la investigación, se señaló que “el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba“, aunque primero deberá contar con la certificación de la PDI sobre la fecha de entrada y salida del país correspondiente.
Junto con ello, la Contraloría indicó que para mejorar el “registro, el monitoreo, la supervisión y la trazabilidad de los procedimientos disciplinarios” ordenados, se dio a conocer la plataforma de Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD).
Para su implementación, “cada entidad deberá designar dos funcionarios como contrapartes titulares y sus respectivos subrogantes, quienes estarán a cargo de subir al sistema en formato PDF, los actos administrativos y toda documentación vinculada a cada proceso de seguimiento vigente que sea requerida durante la tramitación de cada acción derivada, para su posterior análisis por el personal de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría”.
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