El 19 de diciembre de 2012 se aprobó la polémica Ley de Pesca en el Senado, una iniciativa recibida con tibios aplausos en el Congreso pero que fue cuestionada por muchos por entregar la mayoría de las cuotas pesqueras a sólo un puñado de empresas.
A más de dos años y medio de su promulgación, hoy esta iniciativa vuelve a estar en el tapete por la forma en que se aprobó. La empresa Corpesca, perteneciente al Grupo Angelini, habría pagado 200 millones de pesos al Senador UDI Jaime Orpis entre 2009 y 2013. Pero a diferencia de los casos Penta o SQM, en esta situación los pagos habrían sido mensuales a través de boletas a sus asesores, cuyos montos van entre dos a diez millones de pesos.
La nueva normativa estableció, por ejemplo, que los recursos pertenecen a todos los chilenos y en el caso de la pesca industrial, fijó dos tipos de licencia con una duración de 20 años. La clase A, que considera los derechos históricos de las empresas la cual es renovable, y la clase B, que será para las licitaciones y que no es renovable. Todo esto en un escenario en el que actualmente sus críticos sostienen que la denominada Ley Longueira fue aprobada a partir de “cohechos y sobornos”. Conoce los detalles en el informe adjunto.
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