La Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo este lunes un operativo en la residencia de la diputada comunista y presidenta de la Cámara Karol Cariola, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
La diligencia fue ordenada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien dirige las indagatorias relacionadas con la fallida compra de la exclínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, cuando Irací Hassler ejercía como alcaldesa.
A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmó que las acciones se realizaron en cumplimiento de resoluciones judiciales autorizadas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
“Se ejecutaron y cumplieron resoluciones judiciales en la ciudad de Santiago, con el objeto de recabar diversas evidencias para el esclarecimiento de hechos que pueden revestir carácter de delitos funcionarios, como presunto tráfico de influencias, en causa iniciada de oficio y que se deriva de otra causa penal conocida como ‘Sierra Bella’“, señala el documento.

De izquierda a derecha, exsubsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola, exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
El operativo, a cargo de la PDI, incluyó el allanamiento e incautación de material en la vivienda de la parlamentaria, donde se requisaron dispositivos electrónicos como un notebook y un teléfono celular.
La Fiscalía aseguró que la diligencia se desarrolló “con total apego al debido proceso y respeto por las garantías constitucionales de las personas involucradas”. Además, destacaron que el procedimiento se realizó sin inconvenientes y con la colaboración del entorno familiar de Cariola.
¿Qué es el caso Sierra Bella?
El Caso Sierra Bella se refiere a la fallida adquisición de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, encabezada por la alcaldesa Irací Hassler, con el objetivo de establecer un centro de salud municipal.
La transacción, pactada en $8.200 millones, fue cuestionada debido a presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en las tasaciones del inmueble.
Durante la investigación, surgieron sospechas de que las tasaciones fueron manipuladas para ajustar el precio al presupuesto municipal.
Declaraciones de testigos clave revelaron que un alto funcionario de la municipalidad habría asegurado que podía “arreglar” las tasaciones para que coincidieran con el valor propuesto por los vendedores.
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