El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, respondió este jueves a las advertencias realizadas por partidos oficialistas frente a una posible intervención de la entidad en los procedimientos de la “Operación Cancerbero”.
El operativo consideró el traslado de nueve líderes de organizaciones criminales, 28 integrantes de bandas y 154 internos al recinto penitenciario “La Laguna” de máxima seguridad, ubicado en Talca.
Fue a raíz de ello que el Partido Republicano emitió una declaración pública en la que llamó al INDH “a no proteger a los criminales” y aseguró que si la entidad “insiste en utilizar recursos públicos para defender a extorsionadores, terroristas, delincuentes y criminales, como bancada insistiremos en nuestros esfuerzos para eliminar dicha institución”.
A esto se le suman las declaraciones de los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Flor Weisse y Sergio Bobadilla, quienes aseguraron que “sería una afrenta al país que en el organismo estén pensando en visitar a todos estos criminales”.
En esa línea, advirtieron que si “el organismo tiene el atrevimiento de acudir a la cárcel de Talca para visitar a estos internos o intenta cuestionar ante la justicia una decisión que tiene por objetivo resguardar la seguridad de los chilenos, deberá asumir las graves consecuencias políticas e institucionales que una actuación de esa naturaleza pueda generar”.
“Las amenazas vertidas son de la mayor gravedad”
Tras las advertencias de parlamentarios oficialistas, el director del INDH emitió una declaración pública en la que rechazó las “amenazas vertidas por algunos diputados UDI y recientemente por la bancada del Partido Republicano”, según consignó Radio Biobío.
“El INDH es una institución pública con un mandato legal que es claro, y que debe ejercer por expreso imperio de la ley con absoluta autonomía. Y en ese sentido, las amenazas vertidas son de la mayor gravedad“, recalcó.
Ljubetic argumentó que dichas advertencias tienen un especial carácter grave debido a que “están orientadas (…) a coaccionar el cumplimiento de nuestro mandato, de nuestras acciones“.
“Es una autonomía que no solo está en la ley, sino que es propia, reconocible y recogida por todos los estándares internacionales de derechos humanos, que la establecen como una condición esencial para las instituciones nacionales de derechos humanos y el cumplimiento de sus mandatos y sus responsabilidades”, señaló.
La entidad advirtió que “el día de mañana pueden hacer lo mismo con otros organismos autónomos, tales como la Contraloría o el, qué sé yo, el Tribunal Constitucional, y poner en cuestión o su existencia o sus atribuciones por el solo hecho de discrepar de sus definiciones o de sus decisiones”.
Por último, afirmó que el único objetivo de la institución ha sido cumplir estrictamente con lo que dicta la ley.
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