Gendarmes rechazan reforma anunciada por Presidente Boric e instan a desplegar una mesa de trabajo con el Gobierno

Este miércoles, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) manifestó un rechazo al anuncio del Gobierno de impulsar una reforma constitucional que modificará la estructura y dependencia de Gendarmería, asegurando que la iniciativa fue presentada sin diálogo previo con las y los trabajadores del sistema penitenciario.

A través de una declaración pública, el gremio cuestionó la decisión del Ejecutivo de separar las funciones de seguridad pública y reinserción social que actualmente cumple la institución, advirtiendo que se trata de una medida adoptada de manera unilateral y sin considerar la complejidad del trabajo penitenciario.

El rechazo se produce tras el impacto generado por el masivo operativo desarrollado en siete regiones del país que permitió desarticular una red de corrupción al interior de recintos penitenciarios, dejando más de 60 personas detenidas, entre ellas 44 funcionarios de Gendarmería.

¿Qué dijo la Anfup?

Pese a la gravedad del caso, desde el gremio insistieron en que cualquier cambio estructural debe ser discutido con las organizaciones del sector.

Según lo informado por el Presidente Gabriel Boric, la reforma busca que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las tareas de reinserción quedarían bajo la tutela del Ministerio de Justicia, a través de un nuevo organismo especializado.

El mandatario sostuvo que el cambio responde a la necesidad de un rediseño institucional profundo.

Sin embargo, desde Anfup señalaron que el anuncio evidencia un desconocimiento de la realidad del sistema penitenciario y de los riesgos permanentes que enfrentan a diario sus funcionarios, tanto uniformados como civiles.

El gremio recalcó que el rol actual de Gendarmería es clave para la seguridad del país y para el fortalecimiento de la democracia.

La organización sindical también advirtió que una transformación de esta magnitud no puede ser abordada como una simple reorganización administrativa o jurídica, y exigió garantías concretas en materias de estabilidad laboral y previsional, respeto a los derechos adquiridos —incluidos bonos, asignaciones y carrera funcionaria—, mejoras reales en las condiciones de seguridad, infraestructura y trabajo, además del resguardo del derecho a la sindicalización.

Finalmente, Anfup emplazó al Ejecutivo a abrir de manera inmediata una mesa de trabajo con los representantes de los trabajadores penitenciarios, reiterando su oposición a decisiones adoptadas sin participación ni consenso.