A través de un comunicado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó que interpuso una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, y contra un número importantes de particulares, por los delitos de cohecho y soborno, sin perjuicio de otros ilícitos, tales como asociación criminal, lavado y falsificación documental.
Todo esto en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público, en el marco del caso conocido como “Operación Apocalipsis“.
La querella del CDE, interpuesta ante el 12°Juzgado de Garantía de Santiago, se dirige nominativamente contra 35 particulares por los delitos de soborno, resultando en total 77 imputados que incurrieron en una serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, particularmente, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín, y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, de la comuna de Santiago.
La querella sostiene que “en dichos establecimientos penitenciarios se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza” para permitir el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita.
Asimismo, sostiene que estas conductas permitieron “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios”.
Lo anterior, se habría efectuado “mediante actuaciones coordinadas entre particulares -tanto internos privados de libertad como personas en libertad- y los funcionarios públicos de Gendarmería”.
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