La denuncia, interpuesta ante Contraloría, surge luego de que la secretaria de Estado abordara el rol del Ministerio Público, un organismo autónomo, y señalara que ellos deben aclarar si existían presupuestos para solicitar la interceptación telefónica al mandatario en el marco de la indagatoria del Caso Convenios.
La Fundación Fuerza Ciudadana, vinculada al mundo conservador y representada por el abogado republicano Raymundo Palamara, ingresó este lunes una denuncia ante la Contraloría General de la República en contra de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.
La acción busca que se investigue si la secretaria de Estado vulneró el principio de probidad administrativa, según la fundación ligada a Republicanos, al referirse públicamente a una diligencia judicial no autorizada, que involucró al Presidente Gabriel Boric.
El hecho se enmarca en la investigación de la arista ProCultura, derivado del Caso Convenios, donde se indaga el uso de recursos públicos por parte de fundaciones.
En ese contexto, el Ministerio Público solicitó interceptar el teléfono del exjefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y del Presidente Gabriel Boric.
La primera medida fue aprobada por el Juzgado de Garantía; sin embargo, la segunda fue rechazada por la justicia, al no contar con antecedentes suficientes, más allá de la amistad del jefe de Estado con uno de los investigados, el psiquiatra Alberto Larraín, representante de la Fundación ProCultura.
El punto de conflicto surgió -según Republicanos- cuando la ministra Lobos, en una entrevista con Radio Infinita el pasado martes, se refirió al estándar de exigencia que debe aplicarse en casos que involucren al Presidente de la República.
“Eso tendría que explicarlo la Fiscalía. No me corresponde a mí”, por si se cumplió el estándar para solicitar una medida instrusiva como esa.
Para Fuerza Ciudadana, estas declaraciones constituyen un acto improcedente desde su rol institucional.
En su presentación ante Contraloría, la fundación asegura que Lobos habría infringido los artículos 6 y 7 de la Constitución, que regulan los límites del ejercicio del poder público.
La denuncia solicita que Contraloría emita un pronunciamiento jurídico sobre si Lobos actuó dentro de sus competencias al hacer dichas declaraciones como ministra de Estado.
También se pide que, en caso de que el órgano estime que hubo un actuar fuera del marco legal, se oficie a la Cámara de Diputados para eventuales acciones constitucionales.
Por ahora, la ministra Lobos no ha emitido declaraciones tras la denuncia, y desde el Gobierno no se han referido oficialmente al requerimiento presentado.
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