La denunciante, contratada a honorarios, alega desprotección por parte del Estado y enfrenta hoy una compleja situación económica y emocional, según explicó su defensa.
La justicia chilena retomará la tramitación de una demanda de tutela laboral presentada por la exasesora del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que lo denunció por presunta violación y abuso sexual en octubre de 2023.
La acción judicial, interpuesta el pasado 13 de febrero ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, alega que la denunciante fue víctima de vulneraciones a sus derechos fundamentales mientras trabajaba para el Estado.
La representación legal está a cargo de los abogados Romina Urzúa y Rodrigo Azócar, quienes sostienen que su clienta sufrió graves agresiones de índole sexual por parte de Monsalve en el contexto de su desempeño laboral.
Según los antecedentes del caso, la mujer —de 32 años— acusa además que su empleador, el Estado chileno, incurrió en omisiones y actos que habrían profundizado su daño, al no resguardar adecuadamente su integridad ni ofrecer mecanismos efectivos de protección.
En su demanda, la denunciante solicitaba la implementación de medidas concretas para prevenir que hechos similares se repitan dentro del aparato público.
Durante los primeros meses de tramitación, ambas partes —la denunciante y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Ejecutivo— exploraron la posibilidad de un acuerdo extrajudicial que evitara llegar a juicio.
Sin embargo, esa negociación fracasó.
Según La Tercera, la semana pasada el CDE rechazó la última propuesta presentada por la denunciante.
Esta incluía, entre otras condiciones, una indemnización, la garantía de renovación contractual hasta 2026 y la continuidad de sus tratamientos psicológicos y psiquiátricos.
Con el quiebre de las conversaciones, el tribunal reactivó la causa y ya fijó para el próximo 24 de septiembre la primera audiencia del caso.
La abogada Romina Urzúa calificó la situación de su representada como crítica.
Según explicó, la denunciante no ha recibido remuneración desde hace un mes, sus licencias médicas han sido rechazadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), y se encuentra sin redes de apoyo económicas, ya que su vínculo laboral era bajo la modalidad de honorarios.
Además, Urzúa advirtió que uno de los argumentos del CDE para rechazar la propuesta habría sido que, al tratarse de una funcionaria a honorarios, la denunciante no sería sujeta de protección laboral formal.
Esto implicaría —según la abogada— que el Ministerio del Interior no estaría obligado a garantizar su seguridad o responder por los daños provocados en el ejercicio de sus funciones.
“El CDE insiste en prolongar el conflicto antes que avanzar hacia una reparación”, puntualizó.
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