Tres ex directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia serán formalizados por presunta malversación de fondos públicos, hechos que habrían ocurrido entre 2014 y 2016, bajo la administración de Josefa Errázuriz.
Según consigna El Mercurio, Evelyn Matthei, tras asumir como alcaldesa, advirtió sobre la ausencia de recursos públicos, denunció la situación ante la Contraloría General de la República y solicitó una auditoría externa a las cuentas de la corporación.
La inspección fue realizada por KPMG y determinó la existencia de un déficit de $6.925 millones. Además, revelaron que las mayores pérdidas ocurrieron en las áreas de administración ($2.968 millones), educación ($2.792 millones) y salud ($1.164 millones).
El reporte, también, indica que encontraron “fondos públicos utilizados en el financiamiento de gastos para los cuales no fueron convenidos”. En ese sentido, sostuvieron que identificaron pago de remuneraciones y previsionales mediante la cuenta corriente del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) en 2016.
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La Superintendencia de Educación también intervino, ya que la división municipal también está a cargo de los colegios públicos.
Tras las indagaciones la Contraloría envió los antecedentes al Ministerio Público y concluyeron que hubo delitos de malversación de caudales públicos y destinación pública diferente.
Por su parte, y de forma paralela, Matthei presentó una querella contra dos ex directivos de la corporación y contra quienes resulten responsables del eventual desvío de dineros.
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A dos años de esto, la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente pidió una audiencia para formalizar a Eliecer Martínez Ramírez, ex secretario general de la corporación, y a Mariano Rosenzvaig Hernández, ex director de educación.
También la petición sumó a Jaime Brito Jara, ex director de administración y finanzas de la entidad.
Por el delito de malversación, los imputados arriesgan una pena que parte en los cinco años y un día y puede llegar a los 15 años. En tanto, por destinación pública diferente arriesgan suspensión del empleo en grado mínimo (de 61 días a un año) a medio (de un año y un día a dos años).
El juzgado de garantía fijó la audiencia de formalización para el 21 de febrero.
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