El alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue formalizado este lunes por la Fiscalía Regional del Biobío por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al fisco, en el contexto del caso Embotelladora Llacolén.
Según el Ministerio Público, la autoridad habría causado un perjuicio al patrimonio municipal superior a los $1.300 millones.
La investigación se centra en la sesión del Concejo Municipal del 7 de julio de 2020. En esa instancia se autorizaron avenimientos en litigios por el cobro de patentes municipales con Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada y Embotelladora Dos Banderas. Producto de esos acuerdos, según la imputación, el municipio dejó de percibir $1.300.506.445, según consignó La Tercera.
La Fiscalía acusa que el alcalde y el exasesor jurídico municipal, Cristián Pinto Garrido, promovieron los acuerdos omitiendo información sobre resoluciones judiciales favorables al municipio y sin una justificación económica que resguardara los recursos municipales.
Además de Chamorro y Pinto, fueron formalizados los exconcejales Ariel Durán Fredes, Osvaldo Campos Torres, Francisco Reyes Aguayo y René Lucero Allen, quienes votaron a favor de los acuerdos. Otros cuatro integrantes del concejo votaron en contra y advirtieron la insuficiencia de los antecedentes y el daño que provocarían a las arcas municipales.
La audiencia de formalización había sido solicitada en septiembre de 2025 y fue suspendida en cuatro ocasiones por razones ajenas al Ministerio Público, según detalló la fiscal. Durante la jornada, las defensas pidieron el sobreseimiento temporal de la causa, argumentando que primero debía resolverse una demanda civil presentada por el grupo Llacolén contra la municipalidad, solicitud que fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Coronel.
El tribunal postergó el debate de medidas cautelares para el 20 de noviembre de 2026. “Por razones de agenda, hoy día el tribunal no contaba con la cantidad de horas que se estima se necesita para llevarlo a cabo”, explicó la fiscal de Coronel Glenda Lagos.
También adelantó que la Fiscalía solicitará “medidas acordes a la gravedad del delito investigado”.
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