El 7º Juzgado de Garantía de Santiago decretó un plazo de 90 días de investigación luego de formalizar al subprefecto David Castro Cid, quien se desempeñaba como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana de la PDI, por una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una subalterna.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los hechos investigados habrían ocurrido cerca de las 21:40 horas del 25 de septiembre, al interior de un departamento ubicado en calle General Mackenna, en Santiago Centro. Hasta ese inmueble había llegado un grupo de funcionarios luego de una celebración que comenzó con un asado y continuó posteriormente en el departamento, donde se habría producido consumo de alcohol.
La denuncia apunta a que Castro habría realizado tocamientos sin consentimiento a una funcionaria durante la reunión. Tras el episodio, la mujer se retiró del lugar acompañada por otros compañeros y manifestó su intención de denunciar lo ocurrido.
La PDI informó que, una vez que el mando policial tomó conocimiento de la situación, la funcionaria fue trasladada hasta dependencias de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, donde se efectuó la denuncia institucional y se inició el procedimiento investigativo con autorización del Ministerio Público.
Según informó 24 Horas, durante las diligencias también se estableció la existencia de registros fotográficos relacionados con los hechos investigados. Según los antecedentes expuestos durante la audiencia, compañeros de la denunciante habrían registrado mediante fotografías parte del episodio.
La fiscal adjunta de la Fiscalía Centro Norte, Marcia Arancibia, sostuvo durante la audiencia: “Lo cierto es que el imputado, a juicio nuestro, se encontraba en sus cabales cometiendo o realizando la conducta que a nuestro juicio es constitutiva de delito”.
Castro, quien había estado vinculado a investigaciones como el caso de las licencias médicas ilegales, el presunto fraude en Junaeb y una indagatoria por estafa que involucró a la actriz Amparo Noguera, presentó su renuncia voluntaria a la institución tras conocerse los hechos.
Mientras avanza la investigación, el tribunal estableció para el imputado arraigo nacional, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y restricción total para portar armas de fuego. También se estableció la prohibición de acercarse al lugar de trabajo de la denunciante.
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