Mientras la fiscalía sostiene que ya se han agotado todas las diligencias necesarias, el entorno del exalcalde de Recoleta denuncia una operación de lawfare en su contra.
La investigación por presuntos delitos de corrupción que involucra al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, entra en una fase decisiva.
La causa, liderada por la Fiscalía Centro Norte, apunta a la gestión de Jadue en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde se investiga una posible red de defraudación ligada a compras irregulares y administración de recursos públicos.
Con la acusación a la vuelta de la esquina, el futuro judicial —y político— de Jadue parece cada vez más comprometido.
Aunque la audiencia para solicitar una extensión del plazo investigativo estaba fijada para el próximo 28 de agosto, dicha cita fue cancelada tras una sorpresiva solicitud presentada por la fiscal adjunta (s) Bernardita Luebert.
“Vengo en desistirme de la solicitud de audiencia de aumento de plazo de investigación”, señaló en un documento ingresado al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 24 de julio, consignó La Tercera.
La jueza Paula Brito acogió rápidamente el requerimiento y notificó a las partes, lo que fue interpretado como una señal clara del inminente cierre del caso y del avance hacia una acusación formal.
Durante una audiencia previa celebrada en junio, la fiscal a cargo de la causa, Giovanna Herrera, ya había anticipado que el Ministerio Público trabajaba en la redacción de la acusación.
En ese momento, la defensa de Jadue —encabezada por los abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, quienes posteriormente renunciaron a la representación legal— consideró prematuro ese anuncio, citando diligencias aún pendientes.
Desde el entorno de Jadue, se insiste en que la causa tiene motivaciones políticas y se enmarca en una supuesta estrategia de “lawfare” para impedirle retomar una carrera electoral.
Una acusación formal en su contra lo inhabilitaría automáticamente para presentar una candidatura parlamentaria, truncando sus aspiraciones de volver a la arena política.
Por parte de los querellantes, no hay dudas respecto a la solidez del caso. Eduardo Lagos, abogado de la empresa Best Quality —una de las involucradas en el conflicto—, afirmó que “ya están agotadas todas las diligencias” y que el Ministerio Público habría logrado acreditar tanto los delitos como la participación directa de Jadue en los hechos investigados.
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