El fiscal Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, revelada la semana pasada, que detectó inconsistencias en la forma en que se reportaron los antecedentes tras el estallido de roca en la mina.
La investigación por el derrumbe que dejó seis trabajadores muertos en la mina El Teniente sumó un nuevo antecedente este miércoles, luego de que el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, fuera citado a declarar ante la Fiscalía Regional de O’Higgins.
El fiscal regional Aquiles Cubillos explicó que la diligencia se enmarca en el análisis de una auditoría interna realizada por la estatal, documento que detectó inconsistencias y eventuales ocultamientos en la forma en que se reportaron antecedentes técnicos a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido el 24 de julio de 2023 en la División El Teniente.
De acuerdo con el persecutor, aunque Alvarado “declara en calidad de testigo”, lo hace como “representante de la persona jurídica”, ya que la indagatoria apunta a determinar si existe responsabilidad penal de la empresa.
“Se ha citado respecto de los últimos hechos que han acaecido, el tema de la auditoría interna y el informe internacional que también nos han hecho llegar, pero principalmente las preguntas han sido respecto de la auditoría. Sin perjuicio de ello, hemos aprovechado la diligencia para hacer otras preguntas que dicen relación con la causa“, explicó el persecutor.
En ese escenario, cualquier eventual imputación recaería sobre la compañía y no sobre ejecutivos a título personal.
Cubillos detalló que la citación se concentró principalmente en el contenido de la auditoría, aunque también se abordó un informe internacional que fue remitido a la Fiscalía.
Tras conocerse los resultados del análisis interno, tres altos ejecutivos dejaron sus cargos.
Respecto de la eventual existencia de dolo, el fiscal aclaró: “Lo que nosotros debemos investigar es si el sistema de controly de prevención de delitos de la empresa ha sido de incumplimiento satisfactorio, no es del todo adecuado o los controles no fueron los adecuados para la prevención de la comisión de delitos”.
Si se establece que el sistema de control fue insuficiente o no cumplió con los estándares legales, podría configurarse la responsabilidad penal de la persona jurídica, puntualizó.
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