Los informes de Contraloría advirtieron anomalías en la demolición de cerca de un centenar de viviendas siniestradas, incluyendo pagos sin respaldo, posibles sobreprecios, gastos improcedentes y fallas en los procesos de compra y en el control de ayudas a damnificados.
Más de $1.100 millones en recursos públicos destinados a la respuesta tras el megaincendio que golpeó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024 están actualmente bajo la lupa del Ministerio Público, luego de que la Contraloría General de la República detectara presuntas irregularidades en su ejecución.
El foco inicial está puesto en el proceso de demolición de cerca de un centenar de viviendas destruidas por el fuego.
De acuerdo con los informes del organismo fiscalizador, existirían graves anomalías en esas labores, incluyendo pagos sin respaldo, gastos improcedentes y posibles sobreprecios, además de deficiencias en los mecanismos de compra y en el control de ayudas entregadas a damnificados.
Los antecedentes forman parte de cinco auditorías que también involucran a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura, entidad cuyos informes finales fueron especialmente observados.
Frente a la gravedad de los hallazgos y la eventual existencia de delitos, la Fiscalía Nacional anunció este martes la apertura de una investigación penal.
El director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, confirmó que los antecedentes remitidos por la Contraloría ya fueron derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que estará a cargo de llevar adelante las diligencias.
“Hemos recibido diversos informes de carácter final que inciden en los lamentables episodios ocurridos en febrero de 2024 en Valparaíso”, señaló Campos, quien agregó que el análisis de los documentos motivó la apertura de la indagatoria.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
