Una gran explosión sacudió la capital libanesa Beirut el pasado 4 de agosto, dañando edificios y oficinas alrededor de la ciudad. Al menos 135 personas murieron y más de cuatro mil resultaron heridas en una de las emergencias más impactantes de las que se tenga registro visual.
La investigación arrojó que la detonación fue producida por 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin las condiciones adecuadas en el puerto de la ciudad.
Un trágico incidente que en Chile también se ha vivido, a menor escala, pero que abre la duda sobre las condiciones de almacenamiento de elementos químicos.
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Marzo de 2020 en la comuna de Pudahuel y una inmensa columna de humo impresionaba a los testigos de una explosión en un sector industrial de la comuna. La tragedia al interior del Centro Logística San Francisco dejó cuatro fallecidos, uno de ellos fue Gabriel Caamaño.
“De una de las máquinas que estaban manipulando salió una chispa y prendió las manos del otro compañero de mi hermano que falleció. Intentaron a ayudarlo a apagar y él lo único que decía era que corrieran, porque el lugar iba a explotar”, relata el hermano de Gabriel, José Caamaño.
Una emergencia que según este hombre los golpeó de la peor manera y siempre sospecharon de qué productos químicos ahí se almacenaban.
“Nos preocupaba de qué productos químicos manipulaba y que a la larga le pudiera provocar daños de salud. Te da rabia, pena, injusticia, un sinfín de cosas. Nosotros en temas de sentimientos estamos súper inestables”, lamenta.
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Hoy la investigación sigue en curso. Mientras, los vecinos cercanos a estos sectores han cosechado las dudas sobre su seguridad al vivir en el lugar.
“Es peligroso. Vivimos en constante peligro con eso. Fue terrible, llegó el olor y el cielo estaba todo rojo”, recuerda una de las vecinas del recinto.
Aseguran que tampoco han sido incluidos en protocolos de acción frente a emergencias ni nada que brinde mayor seguridad para vivir en medio de este tipo de industrias. Peor aún, denuncian que no saben lo que se almacena, y acusan falta de información.
“Si bien es cierto que Chile está relativamente normado en términos de riesgos, otra cosa es que se cumpla, donde el trabajador debe conocer a los riesgos que está expuesto y es responsabilidad del empleador la seguridad de su trabajador”, explica el experto en gestión de emergencias Michel De L’Herbe.
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Sin embargo, aclara que la normativa no necesariamente se cumple con respecto a la comunidad que está alrededor de una instalación.
Lo mismo ocurrió en noviembre de 2019 en Lampa, luego de que una planta donde se almacenaban aceites estallara, provocando una emergencia química que llevó incluso a suspender las clases en la comuna producto de la emanación de material aéreo tóxico al inhalar.
Una vez más la poca regulación del almacenamiento de ciertos productos químicos puso en riesgo la vida de muchos. Algo que recién se comenzó a hablar tras el incendio de la compañía Mathiesen Molypac en San Bernardo en 1995, emergencia que marcó un hito en la investigación de incendios químicos.
“Fue muy complejo, pero lo importante fue que posterior a esto, se dio pie a las actualizaciones de las normativas y la legislación de almacenamiento de sustancias peligrosas que hoy tenemos”, afirma el comandante Gabriel Huerta, del séptimo cuerpo de Bomberos de Santiago.
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“Debemos comprender cómo convivimos como comunidad con aquellas actividades que no queremos tener en nuestro patio trasero, pero que son necesarias para el funcionamiento. Por lo tanto, ahí es fundamental el rol del sector privado y del Estado, en términos de involucrar y generar estas aproximaciones integradas participativas”, puntualiza De L’Herbe.
Participación de todos quienes pueden verse afectados por el riesgo que estos elementos tienen por naturaleza, pero que son esenciales y donde su fiscalización y cumplimiento de protocolos se hacen imperativos para no repetir estas tragedias.
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