La investigación, impulsada por el Ministerio de Seguridad y el CDE, reveló una estructura organizada que habría obtenido ganancias millonarias. La Fuerza Aérea también abrió una indagatoria interna para esclarecer responsabilidades dentro de la institución.
Lo que parecía una operación rutinaria dentro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) terminó por destapar una compleja red de narcotráfico que operaba desde el corazón de la institución a inicios de julio.
Una investigación judicial reveló que un grupo de exsuboficiales habría utilizado vuelos oficiales para trasladar ketamina desde Iquique hasta Santiago, burlando controles y protocolos de seguridad.
El descubrimiento ocurrió la madrugada del 3 de julio en la Base Aérea Los Cóndores, cuando autoridades detectaron movimientos irregulares en una operación de vuelo.
Desde entonces, las indagatorias —impulsadas por el Ministerio de Seguridad y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)— han derivado en querellas formales contra cinco exfuncionarios de la FACh, todos imputados por tráfico de drogas y asociación ilícita.
Los acusados fueron identificados como Elías Villalonga, Mauricio Ponce, Danilo Rivas, Rodrigo Silva y María Fernanda Rebolledo. Actualmente, se encuentran en prisión preventiva en distintos centros penitenciarios del país, incluyendo Alto Hospicio, Santiago 1 y San Joaquín.
Paralelamente, la FACh ha iniciado una investigación administrativa interna y solicitó acceso a los centros penitenciarios donde se encuentran los exuniformados, con el fin de interrogarlos en el contexto del sumario.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía Regional de Tarapacá, el grupo logró realizar al menos tres vuelos con cargamentos de ketamina durante el año: en enero, mayo y julio, consignó La Tercera.
La sustancia era almacenada en viviendas particulares en el norte y luego trasladada a la base aérea para ser embarcada en vuelos institucionales.
Elías Villalonga, presunto líder del grupo, era quien daba las instrucciones y planificaba cada traslado. A su cargo, Mauricio Ponce coordinaba la logística del envío y mantenía la comunicación con los demás miembros.
Danilo Rivas, por su parte, almacenaba la droga en su domicilio y la llevaba a la base.
Allí, Rodrigo Silva —mecánico de la FACh— se encargaba de cargar las maletas con los estupefacientes en los aviones.
Finalmente, María Fernanda Rebolledo, como tripulante, aseguraba que la entrega en Santiago se realizara sin contratiempos.
Las denuncias del Ministerio de Seguridad y el CDE destacan que los involucrados habrían aprovechado su posición dentro de la Fuerza Aérea para eludir fiscalizaciones.
El CDE estima que la organización habría generado al menos $60 millones solo con los cuatro kilos de ketamina decomisados, sin considerar posibles ganancias de operaciones anteriores.
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