Ante la falta de información clave para avanzar en la investigación civil, la Corte de Apelaciones de Iquique ordenó a la institución militar remitir un informe completo del polémico caso, luego de que solo remitiera un breve resumen de la situación.
Conmoción ha causado el intento de transporte de ketamina por parte de —ahora— cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en un avión militar desde Iquique hasta Santiago.
Cabe recordar que según información obtenida desde el Alto Mando de la FACh ayer, todos los involucrados eran suboficiales y fueron dados de baja inmediatamente tras el hecho.
Luego de una seguidilla de polémicas y tras la instrucción del Presidente Gabriel Boric, la institución militar envió los antecedentes del caso, —que es indagado por la Justicia Militar—, al Ministerio Público durante la jornada de ayer.
Sin embargo, en conversación con CNN Chile, la fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, que lidera el caso en el ámbito civil, aseguró que la FACh solo había enviado cinco páginas de los antecedentes solicitados.
“Me faltan antecedentes. Vienen solamente cinco páginas. No tengo esa información”, precisó la persecutora.
Según la Fiscalía, en esas 5 páginas solo se mencionan las diligencias efectuadas durante y después de conocerse el caso y un resumen del resultado, además de la identificación e individualización de los 5 involucrados en el crimen.
Por esa razón, esta semana la Corte de Apelaciones de Iquique, en la Región de Tarapacá, estableció un plazo de 24 horas para que la FACh entregue un informe completo sobre el caso al Ministerio Público.
Esto luego de que Fiscalía recurriera al tribunal de alzada para conocer los antecedentes completos.
Cabe mencionar que la Fuera Aérea se había negado en primera instancia a entregar esta información, ya que, como señalo su comandante en jefe, Hugo Rodríguez, se “actuó” en conformidad con el Código de Justicia Militar.
“Todos los delitos que sean cometidos por militares en recintos militares tienen competencia en la Fiscalía de Aviación”, explicó el general, insistiendo en que la jurisdicción militar es la competente en este tipo de casos.
La entidad persecutora, en su solicitud, argumenta que el envío de tan breve información “no cumple el requerimiento originalmente realizado por el Ministerio Público de que nos remitieran los antecedentes pertinentes que permitan conocer en detalle los hechos investigados”.
Asimismo, aseveran que el informe de la FACh “no adjunta sus antecedentes fundamentes y, por el contrario, da cuenta de la realización de una serie de diligencias, como declaración de los inculpados, de entrada y registro de inmuebles, también de incautación de diferentes elementos, tales como teléfonos celulares y documentación, cuyos resultados y detalles no se mencionan ni acompañan al referido oficio”.
Por lo que aseguraron que el resumen “deja al Ministerio Público de la Región de Tarapacá en el mismo estado en que se encontraba al momento de la presentación de la solicitud”.
El hecho se remonta al pasado 3 de julio, cuando se detectó a un funcionario de la FACh subiendo a un avión militar, en la Base Aérea Los Cóndores, con una maleta sin ser pasajero.
Al momento de ser revisado el equipaje, se halló 2 botellas y cuatro paquetes que contenían una “sustancia ilícita”, —como lo indicó la institución militar en primera instancia—, pero posteriormente se dio a conocer que se trataba de ketamina.
Hasta el lugar llegó el Fiscal de Aviación, Carlos Yáñez, y el secretario de la Fiscalía de Aviación y el jefe de Servicio de Guarnición de Iquique para conocer los hechos.
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