El director general de la PDI, Sergio Muñoz, presentó su renuncia al cargo luego del allanamiento a su casa y oficina, en el marco de la indagatoria por el Caso Audios. El registro se llevó a cabo por personal del OS7 de Carabineros luego de haber recibido la orden de entrada y registro que fue solicitada por la Fiscalía Oriente el 14 de marzo pasado.
Desde Presidencia informaron que el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia al cargo del director de la PDI. Asimismo, informaron que el director subrogante será el prefecto general Claudio González Hofstetter.
La entidad persecutora fundamentó la acción tras las pericias realizadas al celular del abogado Luis Hermosilla. Esto en el marco de la indagatoria por presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el fin de obtener información privilegia en favor del empresario Daniel Sauer.
Desde el dispositivo móvil, se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI, afirmó la Fiscalía.
Al respeto, el Ministerio Público solicitó formalizar a Sergio Muñoz. La audiencia se realizará el próximo martes 19 de marzo a las 9:00 horas.
Durante la tarde de este viernes, el director general de la PDI llegó a La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de darse a conocer que la Fiscalía lo formalizará el próximo martes 19 de marzo en el marco del denominado Caso Audios.
El encuentro comenzó cerca de las 14:00 horas y se extendió por cerca de una hora. Posteriormente, el alto mando de la PDI se retiró rápidamente de la casa de Gobierno.
CDE presentó querella criminal
Horas más tarde que se diera a conocer el allanamiento en la residencia y la oficina del alto mando de la PDI el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar una querella criminal contra, Sergio Muñoz, por varios actos delictivos descritos en la investigación penal dirigida por la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Esta determinación del grupo colegiado se basa en la evidencia recopilada durante la investigación, que muestra claramente violaciones a la Ley 19.913 relacionadas con la confidencialidad de las investigaciones penales sobre malversación y lavado de activos, así como su implicación directa en actos que constituyen el delito de violación de secretos.
El Consejo estará presente en la audiencia de formalización en representación del Estado, programada para el 19 de marzo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, debido a la gravedad de los hechos cometidos por el máximo responsable de esa institución policial.
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