En una declaración pública, el director nacional de la institución, Rubén Pérez, señaló que el personal penitenciario que cumplía funciones en las salas de audiencia “otorgó erróneamente la libertad a un imputado que suplantó la identidad de otro sujeto”.
La liberación errónea de un imputado con orden de detención vigente desató una serie de sanciones al interior de Gendarmería.
El director nacional de la institución, Rubén Pérez, informó este miércoles la remoción de dos jefaturas y la suspensión de dos funcionarios, tras lo que calificó como una “negligencia inexcusable” ocurrida en el Centro de Justicia de Santiago.
El caso involucra a tres acusados —N.D.B.G., L.A.G.Y. y A.G.Z.F.— formalizados por estafa y cuya causa fue derivada al 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Durante la audiencia, se determinó que N.D.B.G. debía permanecer detenido, con ampliación de detención, mientras que A.G.Z.F. cometió la usurpación de identidad, provocando que L.A.G.Y. quedara en libertad y se retirara del Centro de Justicia.
Posteriormente, Gendarmería informó sobre la irregularidad al reanudarse la audiencia, momento en que se dictó una orden de captura contra L.A.G.Y., quien enfrenta cargos por receptación y falsificación de licencias de conducir, y que mantiene un gran prontuario policial.
Por su parte, A.G.Z.F. fue detenido en flagrancia y será derivado al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención y formalización.
En una declaración pública, Pérez señaló que el personal penitenciario que cumplía funciones en las salas de audiencia “otorgó erróneamente la libertad a un imputado que suplantó la identidad de otro sujeto”.
Frente a lo ocurrido, dispuso la remoción inmediata del jefe del Subdepartamento de Servicios Especializados y de la oficial encargada del sector, bajo cuya supervisión operaban los funcionarios involucrados.
Además, los dos servidores que se encontraban directamente en la sala de audiencias al momento del incidente fueron suspendidos mientras se desarrollan las investigaciones internas.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
