Los parlamentarios advirtieron que "es evidente que el objetivo de las actuales autoridades es establecer una inamovilidad de los funcionarios a contrata, de tal manera de amarrar en el Estado a los operadores y cercanos a ellos".
Los diputados de la UDI Felipe Donoso y Jorge Alessandri, cuestionaron al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por incorporar la “confianza legítima” en el reajuste al sector público del 2026, a pesar de lo establecido por la Contraloría y la Corte Suprema.
Los gremialistas apuntaron al punto 14 del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales reunidas en la Mesa del Sector Público, el cual indica que en el proyecto de ley “se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas (…) se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado (…) sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio (…)”.
En el mismo punto también se estableció que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos, podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas”. Y se añade que el ente contralor “solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales”.
Bajo ese contexto es que Donoso y Alessandri señalaron que esto “transgrede de manera muy grave” lo que había establecido la Contraloría y la Suprema. En noviembre de 2024, la Contraloría determinó que las demandas de los empleados debían ser resueltas por los tribunales de justicia y no por ellos.
Mientras que el máximo tribunal judicial, extendió de dos a cinco años el plazo de reconocimiento de la “confianza legítima” en las contratas. En octubre de este año, además, resolvió que ese principio “carece absolutamente de consagración normativa”.
Los parlamentarios dijeron que el Ejecutivo “pretende instalar por la vía legal un criterio que ya fue resuelto tanto por la Contraloría como por la Corte Suprema” y advirtieron que “es evidente que el objetivo de las actuales autoridades es establecer una inamovilidad de los funcionarios a contrata, de tal manera de amarrar en el Estado a los operadores y cercanos a ellos”.
“Es completamente intolerable que, ad portas de un cambio de administración, el Gobierno pretenda perpetuar en el cargo a cientos o incluso miles de operadores políticos, convirtiendo al Estado en una verdadera agencia de empleo financiada con los recursos de todos los chilenos”, cuestionaron.
Y criticaron que hay una “intención evidente por asegurar la permanencia en el Estado de las personas vinculadas políticamente a ellos”.
Donoso y Alessandri anunciaron que van a rechazar la norma durante la tramitación del proyecto: “No vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad y utilizar el reajuste al sector público para que transformen al Estado en un refugio para operadores políticos”.
El hallazgo de la denominada supergripe, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso de la actividad de influenza a nivel nacional. Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.
